Mercosur: ¿tribunal internacional o supranacional?

0
Autor María Elsa Uzal
Cita Publicado en: RDCO Cita Online: AR/DOC/24910/2011
Sumario

El Mercosur importa como imperativo de sus propios y naturales objetivos, la necesidad de la coordinación de políticas macroeconómicas, la armonización legislativa y el fortalecimiento institucional y jurídico entre los Estados partes; sin embargo, es la concreta actividad que los Estados y particulares procuran realizar, la que debe merecer especial atención a fin de que ese plexo de relaciones de diverso orden, en especial comerciales, estén encuadradas en un marco de seguridad jurídica

La justicia de las soluciones con el máximo grado asequible de posibilidades, la seguridad, la certeza y la efectividad son valores a priorizar, como resultados necesarios, en el nuevo orden jurídico a armonizar o a construír, a fin de que los distintos sujetos involucrados, inclusive particulares (ya personas físicas, ya jurídicas), sepan cómo obrar en defensa de sus derechos ante el nuevo sistema.

Ello impone brindar a los Estados partes y al sector privado un marco de seguridad jurídica que permita garantizar de la mejor medida posible las soluciones justas a las controversias privadas, uno de cuyos aspectos indudablemente más relevantes está en lograr la eficacia y la coherencia del sistema, a fin de evitar indeseados fraccionamientos jurisdiccionales derivados de interpretaciones contrapuestas sin que, tampoco, se pueda descartar la posibilidad de maniobras destinadas a consumar un forum shopping.

  1. Diversas posibilidades que se abren en el marco del Mercosur para obtener el acceso a la protección de los intereses en juego

1) Referimos en anteriores oportunidades las diversas posibilidades que se abren en el marco del Mercosur para obtener el acceso a la protección de los intereses en juego; creemos oportuno efectuar una breve síntesis de esas consideraciones a fin de brindar mayor coherencia a la conclusión que hemos de proponer como corolario de estas líneas.

  1. a) Como primera posibilidad: la vía internacional.
  2. a) Señalamos en su momento, como primera posibilidad: la vía internacional. Los Estados y los particulares frente a otro Estado parte o frente a decisiones de los órganos del Mercado Común. Protocolo de Brasilia.

Señalamos, entonces, que los países signatarios del Tratado de Asunción se han comprometido a solucionar las controversias en que aparezcan involucrados, que caigan dentro del ámbito de aplicación del Tratado, se ha convenido en procurar resolverlas, en primer término, con negociaciones directas, debiendo informar al Grupo Mercado Común o a la Comisión de Comercio del Mercosur de la suerte y resultado, conforme a lo dispuesto por el Protocolo de Brasilia para la solución de controversias o por el Protocolo de Ouro Preto; fracasada esa vía, los mismos instrumentos prevén un procedimiento arbitral conforme a pautas institucionalmente regladas.

De otro lado, la primera posibilidad que se abre ante un particular, prevista legislativamente en el marco en los tantas veces recordados art. 3 y anexo III del Tratado de Asunción, es la vía de la protección del propio Estado, es decir, del Estado parte donde tiene su residencia habitual o la sede de sus negocios, frente al obrar concreto de otro Estado parte o de los órganos del Mercado Común que le perjudica.

El procedimiento a seguir en tal caso se halla previsto en el capítulo V (arts. 25 a 32) del Protocolo de Brasilia, para el supuesto de sujetos que deben reclamar -o desean hacerlo- con motivo de sanciones o de la aplicación de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorio o de competencia desleal en violación del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco de él, de las decisiones del Consejo del Mercado Común o de las resoluciones del Grupo Mercado Común.

El mecanismo ideado reconoce a los sujetos individuales legitimación para ejercer el derecho de peticionar directamente ante su Sección Nacional del Grupo Mercado Común que se ponga en marcha el procedimiento internacional que, entre Estados, recepte su perjuicio y permita el planteo de la controversia para repararlo; sin embargo, ello ocurrirá en la medida en que la Sección Nacional del Grupo Mercado Común de su país acoja su reclamo y lo canalice; de no ser así, esta vía, que es una expresión de la protección que tradicionalmente prestan a sus súbditos, se halla destinada al fracaso (al desarrollo particular de los mecanismos de solución de controversias del Protocolo de Brasilia) (1).

  1. b) Como segunda posibilidad referimos: la vía jurisdiccional.

Puede ocurrir que, fundamentalmente, el particular interesado frente a uno de los supuestos de conflicto que hemos analizado en el apartado anterior, fracase en el intento de interesar a los organismos pertinentes en su Estado nacional para que acoja su reclamo, o que, por algún motivo, deseche la vía internacional, y puede ocurrir también que sobrevenga un conflicto originado lisa y llanamente entre particulares, que involucre acuerdos celebrados o disposiciones, resoluciones, etc., adoptadas en el marco del Tratado de Asunción o como consecuencia de él; ¿qué opción le queda entonces a este particular? Un interrogante aparece más o menos claro para el jurista: ¿es posible la vía jurisdiccional? Ante este planteo surge otro interrogante: ¿es posible una vía jurisdiccional internacional o supranacional o se deberá recurrir a las jurisdicciones nacionales? Adquiere especial relevancia preguntarse a esta altura sobre la posibilidad de que un particular invoque de manera directa normas comunitarias o del derecho de la integración ante los tribunales nacionales, o si, al contrario, siguiendo la línea del Protocolo de Brasilia, se puede sostener que el Tratado de Asunción otorga derechos e impone obligaciones sólo a los Estados miembros, y no a los individuos o entidades privadas que quedarían sujetos al derecho nacional.

Para dilucidar el punto en nuestro medio resulta fundamental recurrir a las pautas orientadoras que surgen de los fallos de nuestro más alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Cafés La Virginia S.A., s/ apelación (por denegación de repetición)”, el 10 de octubre de 1994, en considerandos sumamente valiosos, señaló que los tratados deben ser interpretados de buena fe, citando el art. 31, inc. 1, de la Convención de Viena aprobada por ley 19865 Ver Texto, ratificada el 5/12/72 y en vigor desde 1980, y que desde esa pauta hermenéutica esencial no es coherente sostener que un Tratado sólo consagra un compromiso ético pero no jurídico. Consagró, pues, la imperatividad de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco del tratado referido y la abierta colisión con él de la norma material contenida en la resolución ministerial cuestionada -dictada en uso de facultades delegadas al P.E. por ley 22792 Ver Texto-, que vulneraba la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas. En su voto, el ministro Boggiano señaló -si bien obiter dictum- que las tesis esgrimidas en ese caso resultarían aplicables en el marco del Mercosur y cabía reconocer el derecho a recurrir al amparo jurisdiccional en cabeza de los importadores amparados por el Acuerdo, cuya vigencia no había sido cuestionada pues ello resultaba “coherente con la finalidad de constituír un mercado común latinoamericano”. La Corte dejó sentado así la misma conclusión a que arribó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto de un tema con cierta analogía que el que referimos, en la célebre sentencia recaída en el caso “Van Gend en Loos” (2).

b.1) En cuanto a la posibilidad de recurrir a una jurisdicción internacional, cabe recordar que el art. 75 Ver Texto, inc. 24, de la C.N., luego de la reforma, faculta al Congreso Nacional para “aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes”. Esta norma es especial respecto del art. 75 Ver Texto, inc. 22, del mismo ordenamiento constitucional, que establece el mismo principio de la supremacía de los tratados sobre las leyes, de manera coherente con el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Ekmekdjian, Miguel Ángel, c. Sofovich, Gerardo, y otros”, del 7 de julio de 1992 (E.64.XXIII); “Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Ver Texto”, del 7 de julio de 1993 (F.433. XXIII); “Hagelin Ragnar c. Poder Ejecutivo nacional, s. juicio de conocimiento Ver Texto”, 22 de diciembre de 1993 (H.19.XXV).

Es claro que el constituyente de Santa Fe no sólo ha reafirmado así el principio sentado por la Corte Suprema, sino que ha respondido a la necesidad de dar cabida constitucional a la posibilidad de admitir un derecho comunitario de fondo elaborado por organismos supranacionales y de delegar competencias o jurisdicción en organizaciones supraestatales, lo que comprende la posibilidad de tribunales supranacionales que garanticen la reciprocidad e igualdad de las condiciones de integración a que se refiere el ya mentado art. 75 Ver Texto, inc. 24, C.N. Boggiano ha señalado reiteradamente que sólo tal instancia puede garantizar efectivamente la unidad de interpretación y aplicación del derecho del Mercosur, cuestión a la que asigna gravedad institucional capaz de comprometer la constitucionalidad del derecho de la integración (3).

No obstante la posibilidad constitucional de institucionalizar esta vía, nuestro país aún no ha delegado el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de sus tribunales en asuntos de derecho privado relacionados con el Mercosur en ningún tribunal internacional o supranacional.

Estimo interesante destacar que en oportunidad del I Congreso Internacional de Derecho Comunitario reunido en Ouro Preto, Brasil, en setiembre de 1996 -casi coincidente con el Quinto Encuentro de Cortes Supremas del Cono Sur-, luego de destacarse la necesidad de propiciar la solución directa y pacífica de conflictos (Buenos Oficios, Mediación, Conciliación, Arbitraje) entre los Estados partes y entre los particulares, se consideró también necesario contar con una institución judicial supranacional para el caso de disputas que no pudieran ser resueltas por las formas pacíficas o por medio de la autocomposición. Se firmó entonces la llamada “Carta de Ouro Preto”, que recomendó la adecuación de las normas constitucionales de los Estados miembros a fin de que se asegure la supremacía del derecho comunitario. También se propició la incorporación al Tratado de Asunción de una prescripción expresa que consagre la regla de la supremacía del Derecho Comunitario por sobre los derechos nacionales y la aplicación directa e inmediata de las normas comunitarias por los órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales. Finalmente, se recomendó la creación e instalación de una Corte de Justicia Supranacional, para la aplicación, interpretación y unificación jurisprudencial del Derecho Comunitario.

Se ha dicho que este tribunal debería ser el último resorte al que recurran los Estados miembros, los órganos de la Comunidad y los particulares una vez que se hayan agotado los medios para la solución directa de controversias u otros mecanismos cualquiera de solución alternativa de disputas. Las recomendaciones de este documento tienen especial importancia por la calidad de los asistentes (la delegación argentina fue encabezada por el ministro Dr. Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) (4).

La terminología de esa carta coloca sus aspiraciones un escalón más arriba del estadio en el que jurídicamente se halla la elaboración jurídica en torno del Mercosur, que actualmente transita por el derecho de la integración, que supone entidades soberanas y todavía discurre por los carriles propios de las relaciones internacionales, respetándose la independencia y soberanía de cada Estado. Sin embargo, la índole y envergadura de los objetivos propuestos en esta oportunidad, han impuesto superar el estadio de la mera cooperación internacional y han determinado que se ingresara en la etapa de la integración. Cabe recordar que la integración supone e impone una modificación de las estructuras jurídicas, la creación de órganos más complejos, con el fin de lograr una unidad estrecha, sea en el ámbito político, económico, etc. y, más aún, dentro de los esfuerzos de este tipo, hay que señalar que la regulación del Mercosur se inscribe dentro de una línea que se caracteriza por el funcionalismo, es decir, que aspira a lograr la unidad “a través de la integración en algunos sectores, principalmente el económico; en el origen de esta técnica figura, pues, la intención de lograr la unidad en determinados campos”. Es sabido que por esta vía, por ejemplo, Europa persigue ahora, en el seno de la C.E.E., la unidad política (5).

De lo expresado precedentemente, resulta que el Mercosur no ha ingresado aún en la etapa de la supranacionalidad, que presupone admitir límites al principio de soberanía de los Estados nacionales, consentir la trasferencia o delegación en entes políticos con alcance jurisdiccional, regional o mundial, del “poder de legislar en ciertos campos, en los cuales el marco de las regulaciones estatales ya no aparece adecuado” (6). También cabe dentro de este concepto la delegación de ciertos aspectos de la soberanía jurisdiccional del propio Estado en tribunales de carácter supranacional (regional, mundial).

Concretamente, pues, aún no nos hallamos frente a órganos comunitarios con personalidad jurídica distinta de sus miembros a los que se les haya atribuído o trasferido poder jurisdiccional de tipo supraestatal -véase, no obstante, que el Protocolo de Ouro Preto ha reconocido personalidad jurídica de derecho internacional al Mercosur, lo que permite anticipar que este proceso puede hallarse ya en el umbral de la supranacionalidad-, resulta impropio sin embargo, atribuír el rótulo de derecho comunitario al que resulta de la actividad de los órganos creados por el Tratado de Asunción. Esa producción legislativa, en todo caso, es clasificada, con mayor precisión técnica, bajo el acápite “derecho de la integración”.

Dentro de esta línea de ideas, cabe reconocer que este “derecho de la integración” proporcionará las normas especiales que resultarán la ley aplicable a las relaciones entre Estados, entre Estados y particulares o entre particulares, generadas como consecuencia de los instrumentos, mecanismos y regulaciones, creados para concretar los lineamientos y objetivos del “tratado marco” de Asunción.

La Carta de Ouro Preto, suscrita en esa ciudad, Minas Gerais, Brasil, el 21/9/96, más allá de esta realidad actual reclama, en cambio, el estadio del derecho comunitario, claramente marcado por sus dos características distintivas: aplicación directa e inmediata y primacía, al menos, sobre el derecho interno – véase que en la jurisprudencia europea, esos principios, sentados pretorianamente por el Tribunal de Luxemburgo, han llevado la primacía del derecho comunitario, incluso frente al derecho constitucional de los Estados partes, criterio que es resistido, sin embargo, en algunos de esos países; Alemania, por ejemplo-.

Cabría preguntar si la misma iniciativa o muy parecida, no podría prosperar -con las adecuaciones necesarias-, pero mediante un tribunal internacional, con cualidades propias de ese status y exclusivamente reservado para el ámbito del Mercosur. Más abajo volveremos sobre ello.

b.2) Con base en la comprobación precedente, esto es, la inexistencia actual de una instancia jurisdiccional internacional o supranacional, aparece como subsistente la facultad de ocurrir ante los tribunales nacionales de los Estados partes, para obtener la protección jurisdiccional que éstos pueden brindar cuya procedencia ya hemos dejado sentada en el inicio de este apartado. La efectividad de esa protección es obvio que va a estar enmarcada por la decisión de esos tribunales de atribuírse competencia en los casos en que sean requeridos y por la posibilidad de reconocimiento y ejecución de sus decisiones por los otros Estados partes de la manera más efectiva, rápida y sencilla que pueda llegar a acordarse.

Desde otro ángulo, mas con el fin de avanzar en el logro de las finalidades perseguidas con la integración, es de gran importancia reconocer la operatividad inmediata en el derecho interno de las normas dirigidas a la solución de controversias y a fijar criterios de atribución de jurisdicción internacional (7).

Sentadas las premisas precedentes, es claro que la eficacia de la vía jurisdiccional propuesta requiere de la elaboración de herramientas para conseguir esos objetivos: el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa suscrito el 21/6/92 en Las Leñas aprobado por ley 24578 Ver Texto; el Protocolo de Medidas Cautelares, suscrito en Ouro Preto, el 16/12/94, aprobado por ley 24579 Ver Texto; el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, suscrito el 5/8/94, aprobado por ley 24669 Ver Texto (“B.O.”, 2/8/96), así como diversas iniciativas en estudio para posibilitar el reconocimiento y ejecución de sentencias, son buena muestra de la preocupación en ese sentido.

  1. c) La tercera posibilidad: las soluciones alternativas de controversias: arbitraje, mediación, conciliación, buenos oficios.

Éstas son alternativas no jurisdiccionales, a disposición de los particulares – sobre sus posibilidades respecto de los Estados, ya nos hemos ocupado al tratar el Protocolo de Brasilia (8)-, a las que las partes pueden voluntariamente someterse para lograr la autocomposición o la heterocomposición de sus intereses en conflicto (9).

Diversas iniciativas se advierten en el seno de entidades especializadas preocupadas en brindar fórmulas eficaces, en particular, para obtener soluciones por vía del arbitraje institucionalizado.

El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales y la asimilación de éstos a aquéllas ha sido previsto, expresamente, en el capítulo V (arts. 18 a 24) del Protocolo de Las Leñas.

  1. Algunos lineamientos posibles para un tribunal internacional o supranacional.

Dado el supuesto de un ordenamiento jurídico de integración como el que hoy describimos en el Mercosur, podemos hablar de la existencia de un cuerpo de normas materiales de derecho internacional privado, dotadas de especialidad y directamente aplicables a la índole de problemas propios del espacio integrado, sin que quepa atribuír a estas normas la autonomía e independencia frente al derecho nacional que es propia del derecho comunitario.

Ese cuerpo normativo, bien podría ser aplicado por un tribunal internacional, integrado por jueces de los Estados partes del Tratado de Asunción, a los que se les atribuya jurisdicción para conocer con exclusividad en los conflictos que puedan suscitarse en esta área de cuestiones, de manera excluyente de las jurisdicciones nacionales. De esta forma, se unificaría la interpretación de esas normas a fin de aventar la posibilidad de soluciones contradictorias o de fraccionamientos interpretativos respecto de las mismas disposiciones.

El acceso a esta vía podría obtenérselo por medio de reglas con criterios de atribución de competencia internacional directa con base legal, o mediante un recurso directo contra resoluciones emanadas de los órganos del Mercosur o de uno de los Estados partes que pudieren importar incumplimiento de las obligaciones que impone el derecho de la integración a fin de perseguir, por ejemplo, la modificación o anulación de alguna decisión, dictamen, recomendación, etc., en violación del Tratado o de cualquier regla relativa a su ejecución, que el Tribunal se vería obligado a controlar.

Se obtendría de este modo la aplicación del derecho por un tribunal especializado y el correctivo específico de toda desviación de poder o violación legal, así como la uniformidad jurisprudencial en la aplicación del derecho de la integración, en una deseable aproximación al objetivo anunciado en la Carta de Ouro Preto.

El otro objetivo enunciado por la misma carta, esto es, crear un tribunal que dé uniforme interpretación al Tratado, protocolos y demás instrumentos legales de aplicación, se podría obtener mediante un recurso o acción que autorizase a plantear una cuestión prejudicial en materia de interpretación o validez, que fije el recto sentido del Tratado, protocolos, estatutos, reglamentos, actos emanados de los órganos del Mercosur, etc., para después accionar por ejemplo ante los tribunales nacionales en cuestiones en las que la competencia no estuviese exclusivamente atribuída al tribunal internacional, ésta sería una alternativa semejante a la del art. 177 del Tratado de Roma (C.C.E.).

Si el tribunal en cuestión fuese supranacional, estimo que deberían hallarse creados órganos del Mercosur con esas características, que integrarían el tribunal conforme a ciertos criterios prefijados por delegación de soberanía legisferante y jurisdiccional, sin que sea necesaria la intervención directa de los Estados en la integración, como no sea para proponer candidatos a jueces, dado que el Tribunal resultaría independiente de la actividad estatal organizada. En este sentido este tribunal debería coordinar sus áreas de competencia frente a los tribunales nacionales. Este tribunal actuaría autónomamente frente al derecho nacional en los ámbitos de competencia que le han sido trasferidos, con pérdida de soberanía de los Estados sobre esas cuestiones, lo que se traduciría en el ejercicio por ese tribunal de poderes efectivos derivados de una limitación de competencias o de una trasferencia de atribuciones de los Estados con la consiguiente pérdida de la soberanía, jurisdiccional, en este caso, de los Estados miembros en los ámbitos asignados al ente supranacional. Esta autonomía jurisdiccional, frente a los tribunales nacionales, no debe entendérsela en el sentido tradicional y abstracto de soberanía indivisible e inalienable, sino que se corresponde con la idea de divisibilidad de la soberanía. Se trata “de determinar, en función de la atribución de competencias. . . y del uso que se haga de las mismas, quién. . . , tiene competencia en un caso concreto, sin que se excluyan, según los casos, ni las acciones conjuntas, ni la realización por el Estado de actividades subordinadas” (J. V. Louis) (10).

Quedaría abierto a la regulación propia, la integración eventual de ese tribunal, para el que muy probablemente habría que mirar hacia el Tribunal europeo de Luxemburgo y aprovechar de la experiencia allí ganada. Sólo a modo de ejemplo cabe señalar seis modalidades de acciones y recursos que han sido contemplados como necesarios para afianzar la estabilidad del derecho comunitario. Son ellos:

  1. a) la acción de incumplimiento: destinada a controlar el cumplimiento por los Estados de las obligaciones impuesta por el derecho comunitario;
  2. b) el recurso de anulación: que puede ser articulado por los Estados, los órganos comunitarios y los particulares afectados en un interés directo;
  3. c) acción por omisión: tiene por finalidad controlar la inactividad, silencio o inacción de las instituciones comunitarias, que demuestren perjuicio para las actividades de la comunidad;
  4. d) acción de responsabilidad: extracontractual por daños causados por las instituciones o sus representantes;
  5. e) recursos ordinarios;
  6. f) reenvío prejudicial: destinado a asegurar la uniformidad en la aplicación e interpretación del derecho comunitario.

Estimo claro que aún resta por recorrer buen trecho, al menos, para arribar a una solución de este tipo.

  1. Acuerdos interjurisdiccionales. La cooperación internacional.

La figura de estos acuerdos prevé una cooperación internacional procesal entre las diversas jurisdicciones implicadas en una controversia, sobre todo en casos de jurisdicciones concurrentes, los jueces podrían comunicarse durante el curso de los respectivos procedimientos para armonizar las medidas de auxilio procesal internacional. No cabe tampoco descartar la posibilidad de una coordinación preventiva de las diversas jurisdicciones estatales a fin de hacer posible el reconocimiento y la ejecución de la posible sentencia en otras circunscripciones. Boggiano ha defendido tenazmente estos acuerdos, incluso sobre el derecho de fondo.

Desde otro ángulo, estos acuerdos podrían ser utilizados a fin de determinar el derecho aplicable, armonizando, en lo posible, cada sistema con un criterio comparativo funcional. Podría partirse, señala Boggiano, de examinar directamente las soluciones sustanciales de cada derecho nacional y procurar armonizar sus soluciones con un criterio comparativo funcional, se propone, así, un modo de armonización material de las soluciones, para obviar el conflicto de leyes. Se ha dicho que se trataría de arribar a una solución basada en un derecho material común a los sistemas jurídicos involucrados en el caso. De no lograrse la armonización material, habría que trabajar sobre un acuerdo de elección del derecho aplicable, procurando armonizar cuál sería el derecho nacional elegible. Esto será interpretado así en la medida de lo posible y con una apertura hacia la apreciación de las reglas nacionales equivalentes, procurando reducir al mínimo los conflictos entre los sistemas conexos. Es claro que el problema subsistente sería lograr, a posteriori, el reconocimiento de esa sentencia interjurisdiccionalmente. Boggiano expresa que si los magistrados fundan su sentencia en el acuerdo interjurisdiccional y dan cuenta de sus pormenores, no debería haber mayores obstáculos para el reconocimiento por otros jueces del mismo o de terceros Estados. Finalmente, en cuanto a si los jueces argentinos podrían participar en acuerdos de este tipo, el mismo profesor Boggiano concluye en que sí pueden hacerlo en el marco de las facultades y competencias implícitas que sus soberanías nacionales les confieren para resolver casos multinacionales, teniendo en mente que a la efectividad ha de atribuírsele el rango de principio en materia de jurisdicción internacional (11).

Con estas breves consideraciones sólo hemos querido acercar alguna otra reflexión sobre temas que están en la preocupación diaria de los protagonistas del fenómeno Mercosur. ….

NOTAS:

(1) María Elsa Uzal, Protocolo de Brasilia para la solución de controversias, “R.D.C.O.”, año 1992, ps. 843/71.

(2) El fallo de la Corte citado, por su importancia, se trascribe íntegramente en “R.D.C.O.”, año 1995-B, ps. 363 y ss., a donde remitimos.

(3) Antonio Boggiano, Introducción al Derecho Internacional. Relaciones exteriores de los ordenamientos jurídicos, ps. 108/9, C.S.J.N., “Cafés La Virginia S.A., s/ Apelación (por denegación de repetición)”, del 10/10/94 -voto del Dr. Boggiano-.

(4) Elena Highton y Gladys Álvarez, ¿Un tribunal trasnacional para el Mercosur? Carta de Ouro Preto, “La Ley”, actualidad, 26/11/96.

(5) Michael Schweitzer y Waldemar Hummer, Derecho europeo, ps. 3/4, 179 y ss.

(6) René David, The international unification of private law, Encyclopedia of Comparative Law, vol. II, cap. 5, p. 3.

(7) En este mismo sentido, ver: Boggiano, Introducción al Derecho Internacional. Relaciones exteriores de los ordenamientos jurídicos, p. 108.

(8) Uzal, ob. cit., “R.D.C.O.”, ps. 843/71.

(9) Sobre las modalidades de esta posibilidad, ver: María Elsa Uzal, Solución de controversias en el comercio internacional, Edit. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, ps. 41 y ss.

(10) Ver cita en: Alfonso Mattera, El mercado único europeo. Sus reglas y funcionamiento…, ps. 665 y ss.

(11) Antonio Boggiano, Relaciones judiciales internacionales, ps. 21 a 25.